Prácticas Restaurativas para la cohesión social: una experiencia desde Andalucía

Jorge Elías Ollero Perán

Biodata

Jorge Elías Ollero Perán
Coordinador del Área de Mediación y Justicia Restaurativa de la Federación Andaluza ENLACE. Licenciado en Derecho por la Universidad de Granada. Experto en Justicia Restaurativa por la Universidad de Sevilla. Funcionario en excedencia del Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias. Amplia experiencia en coordinar programas de Justicia Restaurativa en prisión y fuera de prisión y realizando labores de sensibilización e incidencia política.

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Resumen

Texto

La pandemia provocada por el Covid-19 ha tensionado las costuras de nuestras sociedades, mostrando muchas de las debilidades de nuestros sistemas sanitarios y políticos, al tiempo que ha sacado a la luz ciertas fortalezas comunitarias que permanecían ocultas. Aún es pronto para hacer análisis globales y reposados, pues estamos viviendo todavía en la vorágine de una enfermedad que lo ha cambiado todo, pero me atrevo a lanzar una hipótesis tentativa: la cohesión social basada en la ayuda mutua y en la conciencia de interdependencia ha contribuido a controlar el virus y a aminorar sus efectos nocivos. En este artículo presentaré una perspectiva teórica y de trabajo que vincula las prácticas restaurativas con el fomento de la cohesión social. Me basaré en el contexto de Andalucía, que es de donde provengo, pero espero que estas experiencias desarrolladas en el sur de España sean útiles también en otras latitudes.

La cohesión social

La cohesión social es lo contrario del “sálvese quien pueda”. La cohesión social es más bien la idea de que “todos y todas vamos en el mismo barco”. Las sociedades cohesionadas tienen menos problemas que las sociedades desestructuradas y, lo que es más importante, superan mejor las crisis, es decir, son más resilientes.

Distintos estudios vinculan la cohesión social con la mejora de muchos indicadores de bienestar. La desigualdad excesiva de ingresos entre la población de un país es una de las notas características de la falta de cohesión social y provoca numerosas disfunciones. Richard Wilkinson y Kate Pickett han mostrado cómo los países con altos niveles de desigualdad tienen peores índices en al menos once aspectos analizados:  salud física, salud mental, consumo de drogas, educación, población reclusa, obesidad, movilidad social, confianza interpersonal, violencia, embarazo adolescente y bienestar infantil (Wilkinson, R., & Pickett, K. 2010).  Ahora que vivimos tiempos de pandemia es oportuno destacar que Wilkinson y Pickett son epidemiólogos y han dedicado su labor académica a demostrar la importancia de la igualdad social en la mejora de la salud. La salud pública mejora con políticas preventivas, educativas y de reducción de las desigualdades económicas, y se constata que los países igualitarios tienden a tener mejores índices de salud frente a otros más ricos pero más desiguales. Su hipótesis, que parece confirmada por el arsenal empírico que presentan, es que la desigualdad produce mayores desequilibrios mentales, ansiedad, competitividad y erosión de la confianza, lo cual conlleva mayores conductas antisociales, consumismo y miedo. Las sociedades con menor cohesión social son más violentas y con mayor número de personas encarceladas, donde los conflictos se resuelven por la fuerza. Podemos empezar aquí a vislumbrar el hilo que puede unir las prácticas restaurativas con la cohesión social, pues empieza a ser evidente que aumentar la cohesión social es la mejor manera de reducir la violencia.

Otro autor relevante al respecto es el finlandés Lappi-Seppälä. Este criminólogo ha identificado algunos de los factores que explican por qué los países nórdicos tienen tasas de encarcelamiento mucho más bajas que los países anglosajones. Los primeros, caracterizados por un sistema económico relativamente igualitario y redistributivo, consiguen altos niveles de cohesión y de seguridad y, por ello, no recurren a la cárcel como método de control social, mientras que aquellos Estados que aplican políticas neoliberales son líderes mundiales en encarcelamiento. En su opinión, “el hecho de que los Estados sociales sean menos punitivos puede deberse a que la lógica moral del Estado social es la de la universalización de las prestaciones sociales, por tanto, en estos la ideología tiende a ser más inclusiva y solidaria con las personas desfavorecidas (...), (lo cual) redunda quizás en un menor miedo, ansiedad, y demandas punitivas” (Lappi-Seppälä, 2008). En los Estados Sociales, además, se dan mayores índices de legitimidad social (confianza entre los conciudadanos) y de legitimidad institucional (confianza en las instituciones/partidos políticos), lo cual también reduce la tendencia a gobernar a través de cárceles y policías.

Aumentar la cohesión social es, por tanto, una fórmula para aumentar la paz, reducir la violencia y esto, a su vez, mejora el bienestar general de una sociedad. La violencia tiene costes económicos y sociales muy importantes. Según el Instituto para la Economía y la Paz, el impacto económico global de la violencia en 2019 equivale al 10,6 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) del mundo o a 1.909 dólares por persona (1.693 euros). Para calcular el impacto global de la violencia, el Instituto para la Economía y la Paz estudia 16 dimensiones distintas que contienen varios componentes, como el gasto en seguridad interior, que incluye el presupuesto para fuerzas de seguridad, tribunales, prisiones y otras partidas de seguridad (Institute for Economics & Peace, 2020). Por tanto, es necesario poner el fomento de la paz en el centro de las políticas de bienestar y, a su vez, considerar la cohesión social como el medio y el fin de ambas.

Prácticas restaurativas que activan la cohesión social

Cuando pensamos en las prácticas restaurativas solemos concentrarnos en su uso reactivo, para solucionar conflictos, pero hay que destacar también su potencial preventivo y proactivo. La visión tradicional, que destaca el componente reactivo de las prácticas restaurativas, es comprensible pues el paradigma de la Justicia Restaurativa surgió, en un principio, en la búsqueda de respuestas no retributivas ante daños que ya se han producido.  Mientras que el paradigma retributivo sostiene que una autoridad estatal debe imponer unilateralmente un castigo a aquel que ha quebrantado la ley, el paradigma restaurativo propone que han de establecerse cauces de participación de las personas afectadas por la producción de un daño injusto, para encontrar formas de reparación que responsabilicen al victimario y cubran las necesidades de las víctimas. En resumen, el enfoque restaurativo tradicional se centra en trabajo emocional individual con víctima y persona infractora, tratando de sanar las heridas emocionales de la primera a través de una acción reparatoria que movilice la responsabilidad de la segunda.

Un enfoque más abierto y avanzado de las prácticas restaurativas, como el que propongo, no niega esa capacidad reparatoria ex-post de lo restaurativo, sino que añade las funciones preventivas y proactivas ex-ante. En este sentido, considero que hay que potenciar las prácticas restaurativas proactivas como intervenciones destinadas a generar comunidad, es decir, grupos humanos con un alto sentimiento de pertenencia, con altos niveles de confianza, de solidaridad y apoyo mutuo.

Podemos ver las distintas características de estos enfoques en esta tabla:

Poniendo en práctica las prácticas restaurativas

Durante el año 2020, la Federación Andaluza ENLACE, donde trabajo, ha estado coordinando un innovador Programa de Prácticas Restaurativas para la Cohesión Social, financiado por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía. Este Programa parte de un análisis de la situación de esta región del sur de España, la que tiene mayores índices de exclusión social y encarcelamiento. Por ello, se ha identificado la necesidad social de reconstruir el sentido comunitario de convivencia, para incrementar la cohesión social.

Una visión reduccionista de la exclusión social y la pobreza es la que se basa en términos puramente económicos. Sin embargo, desde las ciencias sociales se presta cada vez más atención al concepto de capital social, como elemento básico para entender la pobreza. El capital social es el valor de las relaciones interpersonales de ayuda mutua y cooperación que se da en la vida cotidiana de las personas. Según algunos autores, “el capital social se origina en los sentimientos de solidaridad hacia otras personas. Su incremento fomenta la cooperación, favorece el intercambio y el acceso a los recursos en condiciones más ventajosas, reduce el individualismo y aumenta las inversiones en bienes públicos” (Robison, 2003). Existen estudios empíricos que muestran esta relación entre pobreza y capital social. Así, Rubio Guzmán (2012) refleja la relación entre el capital social y los procesos de exclusión/inclusión social: “El proceso de exclusión social afecta de manera central a las relaciones personales, suponiendo una pérdida continua de contactos a lo largo del proceso. Estas pérdidas afectan a la capacidad de las personas para establecer en el futuro nuevas relaciones personales y de amistad. La recuperación y recreación de vínculos personales y sociales y de las habilidades de relación y comunicación se convierte en una estrategia fundamental para eliminar el aislamiento y reconfigurar los procesos vitales de las personas en situación de exclusión social”.

El VIII Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en España del año 2019 (FOESSA, 2019) incide en la importancia de buscar soluciones colectivas y aumentar la cooperación: “Nos enfrentamos a la disyuntiva de buscar soluciones cooperativas a problemas que son colectivos o, por el contrario, aceptar que la única manera de vivir es la competitividad individualista”.

Este Informe propone como mejor respuesta a los retos de la exclusión social el aumento de la participación colectiva de las personas: “El reto está en saber —y poder— construir consensos, y la herramienta que parece clave en estos momentos es la construcción de lo común (como diseño institucional más que en relación con bienes) para ir incrementando o reforzando un tejido social capaz de pensar en común los diversos aspectos para que nuestra vida sea realmente social.”

Por todo ello, el Programa presenta una actuación coherente y de calidad que se desarrolla en seis provincias andaluzas, incluyendo el trabajo intensivo para mejorar la convivencia e incrementar el capital social en cuatro ámbitos de intervención:

- El ámbito familiar está dirigido a las entidades que trabajan con familias en situación de exclusión social o con factores de riesgo que puedan desembocar en estas situaciones, especialmente personas que sufren drogodependencias. Son familias con alto nivel de desempleo, con prevalencias de problemas de salud y con escasas habilidades sociales y capacidades comunicativas. Los conflictos que se podrán trabajar desde este ámbito serían cualquier conflicto familiar y social, problemas de comunicación padres-hijos, dificultades de pareja, etcétera.

- El ámbito juvenil está dirigido a las entidades que trabajan con jóvenes y menores, especialmente los/as pertenecientes a sectores sociales vulnerables, que no cuentan con los medios necesarios para desenvolverse socialmente de forma óptima y que presentan indicios de inicio al consumo de sustancias, así como otras conductas adictivas asociadas, o bien presentan hábitos de consumo de riesgo. A través de las prácticas restaurativas se pueden trabajar las situaciones conflictivas asociadas a estos menores, como pueden ser: conductas disruptivas y/o problemas de convivencia en los centros educativos; medidas sancionadoras que impliquen la expulsión del centro educativo por acumulación de partes disciplinarios, u otras medidas alternativas impuestas por los centros; relaciones conflictivas con el grupo de iguales; relaciones conflictivas y problemas de convivencia en el medio familiar; relaciones conflictivas y problemas de convivencia en la comunidad; con problemas legales o que ya se encuentren cumpliendo alguna medida de justicia juvenil, etcétera.

- El ámbito de recursos específicos de atención a personas en exclusión está dirigido a las entidades que poseen centros de distintas características, tales como viviendas de apoyo a la reinserción, centro de encuentro y acogida (CEA), etcétera. Las personas usuarias de estos centros presentan, en un alto porcentaje, enfermedad mental, padecen drogodependencia, tienen un bajo nivel educativo, con antecedentes de fracaso escolar; sin empleo estable, con falta de apoyo familiar en muchos casos, causándoles dificultad para el manejo de gestión de conflictos en la vida diaria. Esto hace que la convivencia en los centros genere con frecuencia conflictos entre las personas usuarias y entre estas y los equipos profesionales de los programas, dado que existe una mínima normativa que deben cumplir. En este ámbito se podrán trabajar también los conflictos relacionados con la ubicación de estos centros en las comunidades de vecinos, si han surgido problemas de convivencia a nivel comunitario asociados al perfil de estas personas.  

- El ámbito de barrios o comunitario está dirigido a las entidades que trabajan en barrios que soportan la exclusión más dura, donde se producen muchas situaciones conflictivas, y que requieren de canales de gestión de conflictos más pacificadores y que favorezcan la cohesión social.

El Programa cuenta con las siguientes actividades:

1) Análisis participativo de la situación en cada uno de los lugares y ámbitos de implementación.

2) Formación sobre prácticas restaurativas a las personas encargadas de la implementación. Esta formación contendrá un bloque temático común sobre conceptos básicos de prácticas restaurativas y un módulo específico de implantación de las prácticas restaurativas en el ámbito concreto de intervención.

3) Diseño de un plan específico. Una vez analizadas las necesidades, se diseñará un plan de actuación específico donde se aplicará la formación específica a los profesionales de la entidad ejecutante sobre las herramientas restaurativas.

4) Implementación del plan de actuación específico. Una vez realizado el análisis detallado, la formación y la planificación, se pondrá en marcha un plan de actuación específico para el aumentar el capital social de familias, jóvenes, barrios o recursos de atención a personas vulnerables.

Se incluirán las herramientas más comunes de las prácticas restaurativas, como son:

• Los Círculos proactivos de cohesión y apoyo. En estos Círculos se reúne a las partes afectadas por el conflicto dentro de un contexto sistémico intencional, para dialogar como iguales. Implementaremos por primera vez en Andalucía una adaptación de estos Círculos basada en el trabajo de la Universidad del Ulster, en Irlanda del Norte (Chapman, 2016).
• La mediación entre iguales. En estos sistemas las personas intervienen desde la neutralidad, buscando el equilibrio entre las partes sin aportar juicios de valor ni soluciones. Además, su posición de iguales repercute en una mayor credibilidad ante sus vecinos/as o compañeros/as. Las ventajas globales de los sistemas de mediación entre iguales son evidentes: fomento de la autonomía y de las habilidades sociales y mejora de las relaciones sociales.

5) Realización de un encuentro andaluz de buenas prácticas sobre prácticas restaurativas para la cohesión social.

6) Difusión e incidencia social de las actividades sobre prácticas restaurativas para la  cohesión social.

El Programa ya se ha mostrado útil durante el periodo de confinamiento que se ha vivido en España de marzo a junio. Por ejemplo, se han implementado círculos de escucha y grupos de ayuda mutua, entre otras actividades, que han reforzado los sentimientos de pertenencia y de cooperación en estos difíciles tiempos.

En conclusión, podemos decir que de la pandemia se saldrá con la vacuna, pero de las crisis sociales y económicas que traerá este acontecimiento inédito solo se podrá salir con mayor cohesión social y ahí las prácticas restaurativas tienen un importante papel que jugar.

BIBLIOGRAFÍA

- Chapman, T. Justice beyond frontiers: Restorative approaches to community conflict. Ulster University. 2016

- Fundación FOESSA. Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en España. Cáritas. 2019

- Institute for Economics & Peace. Global Peace Index 2020: Measuring Peace in a Complex World. 2020.

- Lappi Seppala, T. Trust, Welfare, and Political Economy. Explaining Differences in Penal Severity. Crime and Justice: A Review of Research. Tonry, M. (ed) Vol. 37.The University of Chicago Press. 2008.

- Robison, Lindon J.; Schmid, A. Allan; Siles, Marcelo E. El capital social y la reducción de la pobreza: hacia un paradigma maduro. En: Capital social y reducción de la pobreza en América Latina y el Caribe: en busca de un nuevo paradigma. 2003.

- Rubio Guzmán, E. La incidencia del Capital Social en las dinámicas de Exclusión/Inclusión: la visión de los profesionales del Trabajo Social. 2012.

- Wilkinson, R., & Pickett, K. The spirit level. Why equality is better for everyone. 2010.