Conflictividad en tiempo de pandemia: un enfoque desde el campo de la gestión constructiva de conflictos sociales urbanos y territoriales

Alejandro Nató

Biodata

Alejandro Nató
ExDefensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Abogado, procurador, mediador, especialista en conflictos públicos y master en PNL. Docente de la UBA en el Posgrado de negociación y resolución de conflictos y en el CBC, en la Universidad del Nordeste y Lomas de Zamora. Profesor invitado en la Universidad Nacional Barcelona; VIC (España); Católica (Paraguay); Sonora (Méjico). Ponente invitado a los Diálogos “Conflictos en la vida cotidiana” del Forum Universal de las Culturas, Barcelona, España. Autor de Las víctimas de las drogas y Mediación x 7 y de numerosos artículos sobre resolución de conflictos. Representante a cargo del Proyecto de Investigación UR-BAL (Europa América Latina) Programa Mediamente; del Programa BID de Fortalecimiento Institucional de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires en carácter de Coordinador Académico. Fue Consultor Senior Bid en Capacitación y Mediación. Es presidente de la Asociación Civil sin fines de lucro Emprendimientos sociales y productivos, miembro de la Fundación Mediadores en Red, y miembro del Foro Mundial de Mediación.

 

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Resumen

Texto

La orfandad de códigos interpretativos para quienes abordamos  la conflictividad social desde un enfoque dialógico obliga a tener un umbral a partir del cual poder observar, planificar y diseñar posibles intervenciones. Para ello es imprescindible contar con líneas de base construidas en terreno que posibiliten obtener diagnósticos de situación contextual para poder intervenir minimizando los riesgos y maximizando los recursos.  

Con anterioridad a la pandemia, determinadas categorías de análisis -complejidad,  incertidumbre, violencias y desigualdades, entre otras- eran comunes en Latinoamérica. Estas atravesaban las endebles capacidades de los diferentes Estados nacionales que condicionaban sus posibilidades de dar respuestas sociales, cumplir obligaciones y garantizar en particular los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Estas características eran verificables en los endeudamientos contraídos, la financiarización y los negocios internacionales (extractivismo, deforestación, daño ambiental, etcétera). En otro orden, pero no menos atendible, destaco los reclamos de las minorías intensas que emergían  como nuevos e inesperados clivajes.

El referido contexto afectaba la gobernanza sistémica y los órdenes establecidos y nos interpelaba e imponía pensar de nuevo lo nuevo. Tal vez no todos éramos conscientes de esta necesidad pero quienes trabajamos con los conflictos debemos renovar nuestra mirada y asumir los desafíos y necesidades propios del tiempo que toca vivir.

No habíamos pensado, ni siquiera afrontado, aquello que había que cambiar cuando irrumpió la pandemia. La incertidumbre patentizó su complejidad, y las violencias y desigualdades preexistentes se hicieron evidentes, profundas y urgentes. Claro está que tampoco se diluyeron los referidos condicionantes de la gobernanza estatal (instituciones débiles y desconfianza hacia quienes ocupan los cargos de gobierno) que también se evidenciaron aún más. Eso sí, se modificaron códigos relacionales, materializados en la tensión de las interacciones personales: hogares que se transformaron en ámbitos de trabajo y escolares.  En algunos barrios afloraron conflictos que desataron denuncias, acusaciones (vecinocracia) y violencias  multidireccionales. 

El Covid 19 y la errática información provocaron miedo a la alteridad; el distanciamiento y falta de contacto pasaron a ser realidades cotidianas que nos separaron y quitaron gradaciones de empatía. El individualismo se enfrentó al “comunitarismo solidario”.  En el debate público se instaló un dilema fatal entre salud y economía en clave de polarización y proliferó el discurso del odio en boca de gobernantes y políticos que intentaron e intentan capitalizar y ser  voceros del desencanto social.

En nuestra Región, además, de los acostumbrados proyectos personales truncados, se  ha observado una situación crítica sanitaria que reveló la crisis de los cuidados para la sostenibilidad de la vida y la salud; los efectos de la  desaceleración de la actividad económica con desplome de salarios y actividades comerciales y empresariales obligatoriamente restringidas y un comercio a nivel global  atascado. También se agudizó la  inequitativa distribución de la riqueza con el consecuente incremento de la pobreza, presente en casi todos los países de la región.

El costo de las desigualdades -sin la estatalidad correspondiente- cobró mayor énfasis en los niños, niñas y adolescentes que sufren impactos directos sobre sus posibilidades de desarrollo desde el origen social. Es de notar que este punto de partida desigual trae aparejado una marca indeleble sobre su salud y potencial educativo. 

En lo que respecta a esta etapa, también salió a la luz -de modo palmario- la brecha de desigualdad tecnológica que influye de modo decisivo en el campo educativo y laboral. El acceso limitado a Internet y la falta  de conectividad por el costo de los servidores de Wifi y las dificultades para abonar estos servicios tecnológicos afectó a innumerables hogares. Cabe destacar que estas situaciones marcan oportunidades diferenciadas que generan exclusión y violencias, que vinieron a sumarse a otras desigualdades ya existentes. 

La raíz común que liga las violencias con las desigualdades impone necesarios marcos reflexivos para establecer objetivos claros y resultados efectivos para la etapa pos-pandemia. Las pautas de comprensión del contexto son esenciales al momento de intentar descifrar qué denotan los conflictos sociales y sus verdaderas causas.

Tal como se referenció, el estado del Estado ha quedado al descubierto, como así también el estado de la ciudadanía que frente a la ausencia de estatalidad provocó mayor desencanto y potenció las diferentes miradas sobre protección y sobrevivencia. Por su parte, la falta de respuesta efectiva a reclamos con escenarios de agitación social ha erosionado más aún las capacidades del Estado.

Un caso emblemático fueron las reyertas callejeras de rostro juvenil, femenino, indígena y popular que tuvieron lugar en Chile durante el año 2019 y que, con la consigna de “no es por 30 pesos sino por 30 años, se rebelaron contra un modelo desigual en el aspecto sanitario, educativo, previsional y en el hábitat. Ahora bien, después de la expresión colectiva de estas materialidades disruptivas que pusieron en vilo el orden establecido por las élites, deberíamos darnos la posibilidad de verificar si la salida de la pandemia (que, en este caso, operó como anestésico social) y la Asamblea constituyente (que despertó amplias expectativas de cambios estructurales) representan una oportunidad y tienen la capacidad de atender la carga de la exigencia y tocar los cimientos de las desigualdades en cuestión. Puede acontecer que solo represente una tregua que dilate los reclamos y que profundice el desencanto por falta de definiciones y cambios estructurales. Inclusive, como variable más penosa y nociva, se podría a través de un referéndum dejar sin efecto los avances de la labor constituyente. Conflictos de características similares, en cuanto a lo raigal, recorrieron y continúan presentes en América Latina.

La pandemia suspendió los tiempos, no las causas de los conflictos. Podríamos afirmar que las causas estructurales siguen vigentes y los conflictos se encuentran  en estado de re-latencia.

Recapitulando, este momento nos exige más todavía. Al comienzo de la pandemia nos preguntábamos en múltiples charlas, conferencias, debates y conversatorios: ¿saldremos mejores como personas o como sociedad cuando termine la pandemia? ¿El capitalismo seguirá siendo el mismo que expulsa o será incluyente para mejoramiento del bienestar colectivo? Estamos en condiciones de afirmar que después de evaluar  lo vivido y aprendido durante la pandemia, el individualismo y el capitalismo dieron un paso adelante y no mermaron en sus formas de alejamiento, exclusión, expulsión según los términos utilizados por Saskia Sassen, y en sus respectivos condicionantes sociales.

Veníamos sosteniendo que quienes estamos en el campo de la gestión constructiva de conflictos tenemos mucho para aportar en la edificación de estructuras de posibilidad, con diseños y planificación de ámbitos que permitan canalizar conflictos hacia cauces no violentos. Ahora bien, ¿alcanza con este enfoque en función de las pautas en las que se rige el sistema?

La pandemia representó un hito importante para estos cuestionamientos que impusieron la elaboración de nuevos enfoques programáticos en lo que respecta a cuestiones urbanas,  derechos humanos, género e  interculturalidad. También estamos compelidos a revisar los indicadores de calidad y satisfacción con los que trabajamos y proyectamos nuestras acciones, productos, impactos y resultados. Es una buena ocasión para pensar la integralidad de programas y planes de acción que puedan traspasar las barreras impuestas por enlatados que nos condicionan. 

La etapa que transitamos debería servirnos para rediseñar políticas públicas en materia de conflictividad social urbana y territorial, en las que los pesos y contrapesos de la democracia -en los diferentes niveles- se puedan interconectar como espacio productor de integración con equidad y justicia social. Esto requiere avanzar del tradicional umbral de partida la gobernabilidad del sistema a la construcción de una gobernanza efectiva en la que no se piense solo en las necesidades del sistema político sino que se incorporen, asimilen y procesen de manera temprana las demandas sociales.

Para lograr ese cometido se requieren revisiones de nuestros principios y paradigmas de conocimiento, y también en lo metodológico, que se suelen expresar tanto en la arquitectura del poder (replanteo de los modelos de participación institucionalizados) como en nuestros instrumentos de acción (diseños, planes de trabajo, indicadores). Es fundamental asumir este desafío para tener mayor legitimidad, respeto y crédito en potenciales intervenciones sociales. 

Tal vez no podamos transformar las estructuras determinantes (labor que le cabe a las  políticas públicas con los consensos respectivos) pero, con seguridad, si asumimos nuevas formas de enfoque, lograremos impactos en nuestro accionar que vayan más allá de circunstanciales acuerdos, cambios de relación o de historias con los cuales tender puentes de mayor integración e inclusión social.  Esto implica tener como principios primordiales trabajar para “deconstruir” la imagen del enemigo y buscar en la práctica cotidiana atemperar la brecha de desigualdad. Se podría afirmar que desde una concepción de  humanismo progresista el aporte individual hace la diferencia y estas metas resultan alcanzables.

 Entre las acciones a desarrollar se enumeran algunas posibles: 

• Frente a las asimetrías, construir capacidades para hacer valer demandas sociales; o sea, a través de las redes fortalecer a actores para constituirlos como partes.
• Replantear los indicadores de satisfacción y de calidad determinados y rediscutirlos, si fuera necesario, con los cooperantes o las instituciones contratantes.
• Buscar incidencia en los macro-conflictos con abordajes en el nivel micro. Dotar de herramientas a los actores sociales y funcionarios municipales para intervenir de manera temprana, inmediata y preventiva en los micro-conflictos.
• Sensibilizar a funcionarios públicos, tanto en el ámbito local como en el nivel nacional (vinculados a áreas que puedan aportar directamente con los conflictos),  con el objetivo de que puedan tomar decisiones apropiadas al momento de definir qué hacer con la demanda social
• Diseñar programas y acciones en terreno con la participación y la construcción colectiva de los sectores afectados.

Solo con nuevos objetivos y metas (formación, visión y compromiso social y ético) se podrá superar la alicaída gobernanza sistémica y el persistente propósito de instrumentalizar los procesos colaborativos para que todo siga igual en el orden instituido.