La justicia restaurativa: un camino hacia la reconstrucción de la paz en el entorno universitario (México)

Jessica Ma. De los Ángeles Delgado Rayas

Biodata

Jessica Ma. De los Ángeles Delgado Rayas

Licenciatura en Derecho en la Universidad de la Salle Bajío. Maestría en Derecho Civil. Diplomada en Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar por el Colegio de México. Concluyó múltiples cursos de certificación sobre Mediación y Conciliación Familiar, Penal, Justicia para Adolescentes, Comunicación, Negociación, PNL, Inteligencia Emocional entre otros. Es Doctora en Negociación y Mediación por el Instituto de Mediación de México, S, C. (Hermosillo, Sonora). Participó como coautora del Protocolo de intervención en los Procedimientos de Mediación y Conciliación del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Ha sido docente en distintas asignaturas en diversos niveles desde hace 25 años en instituciones como la Universidad de Guanajuato, la Escuela de Estudios e Investigación Judicial del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, Universidad de la Salle Bajío, y capacitadora de funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública, de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, conciliadores adscritos a la CECAMED, así como de Mediadores y Conciliadores de algunos Estados de la República, entre los que se encuentra el Estado de Nayarit, Aguascalientes, entre otros. Desde 2005 hasta 2020, Mediadora y Conciliadora certificada y adscrita del Centro Estatal de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado De Guanajuato. Actualmente se desempeña como Titular de la Unidad de Mediación y Conciliación de la Universidad de Guanajuato, implementado programas de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa en los entornos universitarios.

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Resumen

Texto

En el contexto universitario, donde convergen diversas identidades, aspiraciones y perspectivas, los conflictos son prácticamente inevitables. Las universidades son microcosmos de la sociedad, donde estudiantes, profesores y personal administrativo interactúan en un ambiente dinámico y en constante cambio. Sin embargo, esos mismos conflictos también ofrecen oportunidades valiosas para el crecimiento, el aprendizaje, la reivindicación y la consolidación de relaciones más sólidas.

En este escenario, la justicia restaurativa emerge como un enfoque poderoso y holístico para abordar los conflictos, alejándose de los métodos tradicionales centrados en la imposición de sanciones y enfoques unilaterales, al sustentarse en principios de participación, diálogo y colaboración en colectividad, pues su ejercicio abarca una variedad de contextos, que van desde sistemas judiciales hasta entornos comunitarios. 

El propósito es explorar en profundidad la viabilidad, la efectividad y las implicaciones de la justicia restaurativa como herramienta para el tratamiento del conflicto universitario. Su aplicación en este ámbito es una manifestación lógica de su potencial para fomentar un ambiente de convivencia saludable y sostenible, pues además desde su función socializadora, dota a sus integrantes de herramientas viables para poder resolver futuros conflictos, ampliando su sentido de participación como integrantes de su comunidad.

La justicia restaurativa ha emergido como un enfoque significativo en la resolución de conflictos, especialmente en entornos universitarios, donde la convivencia y el aprendizaje se ven afectados por diversas manifestaciones que se dan a nivel confrontativo durante la interacción humana. Esto responde a que se centra en la reparación del daño causado por el hecho disvalioso, involucrando a todas las partes afectadas en el proceso de resolución. A diferencia de los modelos tradicionales de justicia, que se enfocan en el castigo del infractor, busca restaurar las relaciones y promover la sanación de la comunidad.

Este enfoque es especialmente relevante en el contexto universitario, pues, al recurrir a esta metodología, se permite que todas las partes afectadas tengan una participación activa en la solución y la oportunidad de expresar sus sentimientos y necesidades, de la misma manera el infractor debe asumir la responsabilidad de sus acciones y trabajar para reparar el daño causado. Tiene como objetivo restaurar la relación entre las partes y resarcir las afectaciones, tanto emocionales como materiales, y de acuerdo con lo que expresa Zehr (2015), da pauta a encontrar respuestas a preguntas como “¿quién ha resultado dañado en esta situación?” “¿cuáles son sus necesidades?” “¿quién tiene la obligación respecto de esas necesidades?”. 

Las interacciones que se gestan en los ámbitos universitarios pueden ser variadas pues, dada la gran diversidad de roles que desempeñan sus integrantes, se propician distintos tipos de problemáticas ampliando la variedad de causa y efectos sobre estos. Estas conflictividades se pueden gestar entre estudiantes, entre estudiantes y académicos, entre académicos, entre académicos y personal administrativo, entre el personal administrativo o entre ellos y los estudiantes o los académicos (Pesquiera, 2020).

Los conflictos en los entornos universitarios no surgen de manera aislada ni responden a una sola causa. Por el contrario, se configuran a partir de múltiples factores personales, sociales, culturales, institucionales y estructurales que interactúan entre sí. La universidad, como espacio de convivencia cotidiana entre personas con trayectorias, identidades, valores, intereses y condiciones de vida diversas, se convierte en un escenario donde convergen diferencias que, si no son gestionadas de forma adecuada, pueden derivar en tensiones, confrontaciones o diversas expresiones de violencia.

Entre los factores que influyen en la manera en que se viven los conflictos se encuentran la edad, el género, el nivel de instrucción, la cultura, la religión, la ubicación geográfica, el contexto socioeconómico y el acceso a la tecnología. Cada uno de estos elementos incide tanto en la forma en que las personas interpretan una situación conflictiva como en los recursos que tienen para afrontarla. Por ejemplo, no todas las personas cuentan con las mismas habilidades comunicativas, con el mismo nivel de reconocimiento institucional o con las mismas oportunidades para expresar sus inconformidades de manera segura. Esto provoca que algunas diferencias escalen rápidamente y salgan de control, mientras que otras permanezcan invisibilizadas hasta convertirse en problemáticas más complejas, dando pauta a una clara asimetría de poder.

En el ámbito universitario, el conflicto también puede originarse en dinámicas relacionales marcadas por luchas de poder, prestigio, reconocimiento o competitividad. La búsqueda de estatus dentro de grupos académicos, estudiantiles o laborales puede generar rivalidades que se expresan a través de la exclusión, la descalificación o el intento de imponer la propia visión sobre la de los demás. A ello se suma el deseo de reconocimiento sustentado en el ego, la necesidad de validación personal y social, así como la dificultad para tolerar la diferencia o compartir espacios con personas que cuestionan privilegios, formas de pensar o posiciones de autoridad.

Otro elemento central en la génesis del conflicto universitario es la falta de inclusión y reconocimiento de la diversidad. Las universidades concentran una amplia pluralidad de identidades, experiencias y formas de vida; sin embargo, no siempre cuentan con condiciones institucionales suficientes para garantizar una convivencia respetuosa y equitativa. Cuando no se reconocen adecuadamente las diferencias de género, orientación sexual, procedencia, discapacidad, religión, clase social o pertenencia cultural, pueden producirse experiencias de discriminación, invisibilización o marginación. Estas prácticas afectan el sentido de pertenencia de las personas y generan malestar, resentimiento y fracturas en los vínculos comunitarios que se revierten al interior del espacio académico.

Asimismo, los conflictos pueden agudizarse por deficiencias en la comunicación. La falta de escucha, la interpretación errónea de mensajes, la comunicación agresiva o pasivo-agresiva, los rumores y la ausencia de canales adecuados para expresar desacuerdos suelen convertirse en detonantes frecuentes. En muchos casos, el problema inicial no necesariamente es grave, pero la manera en que se comunica o se responde incrementa la tensión. Cuando las personas no encuentran espacios seguros para dialogar, expresar emociones o aclarar malentendidos, los conflictos tienden a escalar y a trasladarse del ámbito interpersonal al colectivo.

En la actualidad, el acceso y uso de la tecnología también ha transformado las formas en que surgen y se intensifican los conflictos. La interacción en redes sociales, grupos de mensajería o plataformas digitales puede ampliar el alcance del daño, acelerar la difusión de rumores y facilitar prácticas como la exposición pública, la difamación, el hostigamiento o la violencia digital. En el contexto universitario, estas expresiones suelen tener un impacto significativo porque no solo afectan la imagen o reputación de una persona, sino también su estabilidad emocional, su participación académica y su sensación de seguridad dentro de la comunidad.

De esta manera, muchas de las problemáticas que llegan a las unidades de atención universitarias reflejan precisamente la complejidad de estas dinámicas. Entre los temas más recurrentes se encuentran los conflictos académicos, acoso escolar, violencia laboral, exclusión, difamación, injurias, el descrédito y las calumnias, así como diversas formas de violencia simbólica y digital, sin olvidar los conflictos que se dan por violencia de género. Estos últimos ocupan el primer lugar de recurrencia y demandan otras formas de tratamiento, y aún se sigue indagando la pertinencia de la intervención en algunos casos a través de la justicia restaurativa. Estas manifestaciones no solo lesionan a las personas directamente involucradas, sino que deterioran el clima institucional, debilitan la confianza y dificultan la construcción de relaciones interpersonales sanas y colaborativas.

Es importante reconocer que, en los entornos universitarios, el conflicto no debe entenderse únicamente como un problema a eliminar, sino como una expresión de tensiones humanas y estructurales que predominan a nivel mundial, que requieren ser comprendidas y atendidas de manera integral. 

La influencia de la violencia estructural como causa inminente de los conflictos se refiere a las formas en que las estructuras sociales y económicas perpetúan la desigualdad y la subordinación de ciertos grupos sociales, tal es el caso de las políticas económicas que perpetúan la pobreza y la exclusión social hacia los grupos subalternos. La violencia cultural, por otro lado, se refiere a las formas en que las creencias y valores culturales pueden perpetuar la discriminación y la exclusión.

Por otra parte, el origen de los conflictos también suele estar vinculado a desigualdades, carencias en la gestión emocional, limitadas habilidades sociales, prácticas autoritarias, ausencia de mecanismos de diálogo y fallas institucionales en la atención oportuna de las problemáticas. Por ello, abordar las causas del conflicto implica no solo intervenir cuando la situación ya se ha agravado, sino también fortalecer una cultura de prevención, inclusión, comunicación respetuosa y construcción de paz.

En suma, los conflictos en la universidad son el resultado de una red compleja de factores individuales, relacionales e institucionales. Comprender sus causas exige mirar más allá del hecho inmediato y analizar las condiciones que lo producen y sostienen. Solo desde esta comprensión amplia es posible diseñar estrategias de atención y prevención que favorezcan relaciones más justas, respetuosas y humanas dentro de la comunidad universitaria.

La implementación de la justicia restaurativa en la Universidad de Guanajuato

Para este análisis se tuvo como población de muestreo la que corresponde a la Universidad de Guanajuato, y que funge como la universidad pública y autónoma del Estado de Guanajuato, México. Allí, se han institucionalizado la mediación, la conciliación y la justicia restaurativa como métodos formales para abordar la conflictividad universitaria –con resultados muy exitosos–, ya que fomenta un proyecto institucional dirigido a la creación de espacios conversacionales como parte de las acciones dirigidas a la promoción y sostenimiento de una cultura de paz y a la construcción de espacios libres de violencia. 

    La población de estudio que corresponde a la comunidad que integra la Universidad de Guanajuato desde el año 2023 a la fecha se encuentra conformada hoy por un total de 48.080 estudiantes: 17.260 en el nivel medio superior y 30.820 en licenciatura y posgrado. Esto, sin considerar al resto de la población, entre docentes y personal administrativo que también la conforman, alcanzando un total aproximado de 55.000 miembros. Como parte de los servicios a la comunidad, una de las áreas administrativas enfocadas a la atención del conflicto es la Unidad de Mediación y Conciliación (UMC) de la Universidad de Guanajuato, que depende de la Secretaría y Rectoría General de esa universidad. La existencia y funciones de la UMC se sustentan, como ya se mencionó con antelación, en el Reglamento de Mecanismos Alternos de Solución de Controversias de la Universidad de Guanajuato, aprobado por el Consejo General Universitario (Reglamento de Mecanismos Alternos de Solución de Controversias de la Universidad de Guanajuato, 2021). 

Es así que verificando la población objeto de estudio, diversas encuestas y datos de observación realizadas a usuarios que participaron dentro de los procedimientos con enfoque en la justicia restaurativa —que corresponde al programa institucionalizado y formalmente regulado en esas casas de estudios para el tratamiento del conflicto intra universitario— arrojaron como resultado, de forma ordenada y relacionada con los parámetros y criterios de esta investigación, datos relevantes a fin de comprobar la pertinencia en la implementación de prácticas restaurativa en la gestión del conflicto en ámbitos universitarios. 

Respecto a la encuesta aplicada a un grupo de 500 personas de la comunidad de la Universidad de Guanajuato que intervinieron o conocieron de la existencia de algún procedimiento de justicia restaurativa perteneciente a la comunidad, se les preguntó: ¿Usted considera pertinente la justicia restaurativa como herramienta para resolver conflictos en los entornos universitarios, sobre otros procedimientos punitivos de intervención? El 98 por ciento de las personas respondió que sí, mientras que el otro 2 por ciento consideró más viables los sistemas punitivos. Este muestreo también analizó casos de conflictos ocurridos en la comunidad universitaria, siendo los más recurrentes aquellos relacionados con conflictos interpersonales, de hostigamiento/acoso en todas sus variantes y los que se gestan en los espacios laborales por cuestiones asimétricas de poder, entre otros.

Fuente: datos estadísticos de asuntos formalmente atendidos por al área de mediación y conciliación. Universidad de Guanajuato, Guanajuato, México. 2023

Cabe mencionar que posterior al desarrollo de los procedimientos de justicia restaurativa en estos casos, según corresponda, se examinaron los resultados de esas sesiones para evaluar su eficacia y su impacto en la comunidad universitaria a partir de los asuntos que, una vez tramitados formalmente, logran llegar a un convenio versus aquellos que terminan por otras causas de conclusión. De acuerdo con los resultados obtenidos del grupo de muestreo encuestado, se determinó que un 91 por ciento de los asuntos tramitados concluía en convenio, con un cumplimiento de los acuerdos pactados con un 98 por ciento de eficacia, contra un 9 por ciento de los casos que eran archivados por diversas causas de conclusión, entre ellas por temas relacionados a la voluntariedad, incompatibilidad en el ámbito de competencia o materia.  

En cuanto a la eficiencia de los procedimientos, conforme a las investigaciones hechas (Badenes, Guiral, & Serrano, 2013) se logró concluir que estos programas de atención más que disminuir la violencia impiden su incremento, tal como sucede en entornos universitarios y escolares que carecen de ellos. Otro dato relevante es que la inclusión de las víctimas en el proceso de reparación les da un papel activo en la toma de decisiones sobre la resolución del conflicto, lo cual le da mayor legitimidad y sentido de justicia. De la misma manera, para el perpetrador, estos procedimientos o prácticas permiten que desde el reconocimiento de su responsabilidad en el daño causado se involucre en el proceso de reparación y responsabilización y posterior reintegración a su comunidad bajo la configuración de una nueva identidad.

Por otra parte, la participación de la comunidad en el proceso de reparación y reintegración es fundamental, al reconocer que también ha sido afectada por el hecho disvalioso. Desde el enfoque de la igualdad y la justicia se busca promoverlas para todas las partes involucradas, y abordar las desigualdades y las injusticias que pueden haber contribuido al conflicto, generando entre la comunidad una responsabilidad colectiva y el desarrollo de habilidades sociales como la empatía, la tolerancia y la inclusión, seguido del aprendizaje en la gestión y prevención de futuros conflictos. Esto permite a la universidad cumplir con su función socializadora en la prevención y transformación del conflicto.

 Por ello, es importante que las universidades tomen medidas para prevenir y abordar estas conflictividades, pues son, sin duda, un microcosmos que refleja los valores de la sociedad a la que pertenece y en ella se replican su virtudes y deficiencias. Esto puede incluir la implementación de políticas y programas de prevención del acoso, la capacitación del personal y la promoción de una cultura de respeto y tolerancia, así como la creación de espacios seguros y de apoyo para las personas afectadas.

Conclusiones

En suma, la pertinencia en la implementación de la justicia restaurativa y otros mecanismos de resolución pacífica de conflictos en entornos universitarios no debe ser vista como una solución universal para todos los conflictos. Entre un abanico de opciones, se muestra como una herramienta valiosa y eficaz para aquellos miembros de la comunidad universitaria que, de manera voluntaria, deciden participar en estos procedimientos con el fin de encontrar respuestas y sanación a las consecuencias del conflicto, ya que la justicia restaurativa en los entornos universitarios, tal como revela el presente artículo, emerge como una respuesta adecuada y necesaria frente a los conflictos que inevitablemente surgen en la convivencia diaria de una comunidad tan diversa y compleja como esta. 

A lo largo de esta lectura, se ha evidenciado que una de las principales ventajas de esta forma de dar tratamiento al conflicto es su capacidad para generar beneficios no solo para los individuos directamente involucrados en él, sino también para la comunidad en su conjunto. Esta característica es especialmente relevante en el contexto universitario, donde la convivencia y el trabajo en equipo son fundamentales para el desarrollo académico y personal de los estudiantes, así como para el buen funcionamiento de la institución. 

A través de los datos obtenidos durante esta indagación, se ha logrado demostrar que los participantes en los procedimientos de justicia restaurativa reportan una serie de beneficios que trasciende la resolución del conflicto, ya que uno de los aspectos más destacados es la mejora en su propia conceptualización de los hechos bajo nuevas narrativas, menos victimizantes, más compasivas y esperanzadoras de sí mismos y de los otros. Asimismo, se potencializa el poder resiliente y protector de la comunidad, en la que como parte elemental del sentido de pertenencia, se gestan redes de apoyo en los cuales es permitido hablar, sostenerse y sanar el daño, sus causas y sus impactos. Esto implica la adquisición de nuevas herramientas comunicacionales no violentas y efectivas, que orientan a la comprensión y recuperación del daño recibido. 

Este aprendizaje es profundo y significativo, ya que está basado sobre la experiencia vivencial del procedimiento, lo que facilita la internalización de los principios y valores éticos, y de mejores habilidades sociocognitivas y comunicativas que implican una mayor expresión desde la asertividad, la empatía y la escucha activa, así como fomentan el sentido de responsabilidad, la reparación del daño y las garantías de no repetición del hecho. Estos son elementos clave para la construcción de relaciones más saludables y equilibradas, no solo en el ámbito universitario, sino también en la vida cotidiana de los participantes.

De esta manera, se puede observar que la literatura especializada, como la mencionada por Pérez Leal (2022), refuerza la idea de que los entornos educativos, como las universidades, son espacios ideales para la promoción de habilidades para la vida que serán esenciales en el futuro social y laboral de los estudiantes. Las escuelas y universidades no son solo lugares de adquisición de conocimientos académicos, sino también laboratorios de convivencia donde los estudiantes aprenden a interactuar, a resolver conflictos y a trabajar en equipo. En este sentido, la justicia restaurativa no solo contribuye a resolver los conflictos existentes, sino que también actúa como un medio de formación integral, preparando a los estudiantes y a toda la comunidad que la conforma para enfrentar los desafíos de la vida adulta con una mayor madurez emocional y social.

Este proceso de descubrimiento es crucial porque permite a los participantes reconfigurar su comprensión del conflicto y buscar soluciones que satisfagan sus necesidades de manera equitativa y justa, resaltando que la justicia restaurativa no solo se enfoca en la resolución del conflicto en términos de acuerdos tangibles, sino que también tiene un componente que deriva en un efecto terapéutico significativo en la sanación de las partes involucradas y de las relaciones que se gestan a su interior. Este aspecto es fundamental, ya que la paz y la convivencia saludable en la comunidad universitaria son condiciones indispensables para el éxito académico y el desarrollo personal de todos sus miembros.

En este sentido, la implementación de programas de justicia restaurativa en las universidades no solo debe verse como una herramienta para la resolución de conflictos, sino también como un medio para fortalecer el tejido social de la comunidad y un espacio conversacional y de construcción de aprendizaje. La participación de los estudiantes y del personal docente y administrativo en estos procesos fomenta una cultura de paz y respeto, donde la resolución pacífica de los conflictos es valorada y promovida. Esto es especialmente relevante en un contexto social cada vez más polarizado y conflictivo, donde es crucial promover valores como la tolerancia, la empatía y el diálogo constructivo (Pesqueira, Escontrela, & Carballo, 2004).

Desde una perspectiva más amplia, la universidad, como institución formadora de las futuras generaciones, tiene la responsabilidad de promover estos valores y de proporcionar a los estudiantes las herramientas necesarias para contribuir positivamente a la sociedad. En este sentido, la justicia restaurativa se alinea perfectamente con los objetivos educativos más profundos, que van más allá de la mera transmisión de conocimientos, y se centran en la formación integral de individuos comprometidos con la paz y la justicia social.

Finalmente, es importante reconocer que la implementación de la justicia restaurativa en las universidades, aunque profundamente valiosa, no está exenta de desafíos.

La experiencia de la Universidad de Guanajuato muestra que su aceptación y éxito dependen, en gran medida, del nivel de sensibilización y formación de la comunidad universitaria. Prueba de ello es que tan solo entre 2023 y 2025 se atendió a 9.733 miembros de la comunidad universitaria, entre capacitaciones, sensibilización y atención del conflicto universitario, lo cual destaca la presencia significativa de prácticas dialógicas por encima de los procedimientos punitivistas. Sin embargo, no basta con instaurar programas: es indispensable que estudiantes, docentes y personal administrativo comprendan su sentido, reconozcan sus beneficios y, sobre todo, estén dispuestos a involucrarse activamente en estos procesos de transformación.

En este camino, la formación se vuelve un pilar fundamental. No se trata únicamente de transmitir herramientas técnicas, sino de cultivar una nueva forma de comprender el conflicto: como una oportunidad de diálogo, aprendizaje y reconstrucción de las relaciones sociales entre los miembros de una comunidad. La justicia restaurativa representa, en este sentido, una respuesta innovadora y necesaria frente a las complejidades relacionales que atraviesan los espacios universitarios.

Desde esta perspectiva, se abre una invitación esperanzadora. Los resultados positivos observados en experiencias previas permiten vislumbrar el alto potencial de estos modelos para generar cambios significativos. Por ello, se propone la creación y fortalecimiento de unidades especializadas en la atención del conflicto dentro de las universidades: espacios que promuevan el encuentro, la escucha y la construcción colectiva de soluciones, donde el diálogo se convierta en una herramienta cotidiana para la paz.

Impulsar estos esfuerzos implica también apostar por la formación continua de facilitadores —tanto del ámbito docente como administrativo—, así como promover procesos permanentes de sensibilización en toda la comunidad universitaria. A la par, resulta esencial mantener mecanismos de evaluación que permitan revisar, adaptar y fortalecer las estrategias implementadas, respondiendo de manera pertinente a las necesidades cambiantes del contexto.

No obstante, este compromiso requiere bases sólidas. La consolidación de estos programas demanda recursos institucionales que respalden su operación: espacios físicos adecuados que garanticen accesibilidad, confidencialidad y seguridad; presupuestos que permitan el desarrollo sostenido de actividades; materiales y herramientas pertinentes; integración de equipos multidisciplinarios que enriquezcan la comprensión y atención del conflicto desde diversas miradas.

Es fundamental que estas iniciativas se encuentren respaldadas por una normativa universitaria clara y consistente, alineada con marcos más amplios, como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, particularmente en lo relativo a la construcción de una Cultura de Paz. Este sustento no solo legitima su existencia, sino que garantiza su continuidad y proyección a largo plazo.

En última instancia, apostar por la justicia restaurativa en la universidad es apostar por una transformación profunda de la convivencia. Es reconocer que los conflictos no son obstáculos, sino oportunidades para construir relaciones más humanas, más justas y conscientes. Es, en esencia, elegir el diálogo sobre la imposición, la comprensión sobre el juicio y la paz como horizonte compartido.